Desde la década de 1970, el Territorio Indígena Yanomami ha sido codiciado por los buscadores de oro, a pesar de la demarcación y la protección que obtuvo en 1992.
Por Rosinha Martins *
Traducion: Jaime C. Patias
Con casi 10 millones de hectáreas, la reserva de Roraima, con una población cercana a los 20.000 indígenas, vive una crisis sin precedentes tal como testimonian quienes han vivido y trabajado durante años en defensa de los derechos de los Pueblos y la selva tropical. Se hace muy evidente la negligencia culpable del último gobierno federal en los períodos de 2019 a 2022. Si en 2014 los datos de enfermedad no superaban los 2 mil, en 2022 esta cifra se ha multiplicado por diez.
La extracción de oro del suelo o de los sedimentos en los cursos de agua, realizada mediante técnicas manuales o maquinaria pesada es favorecida por verdaderas organizaciones criminales y ha sido la principal causa de la crisis humanitaria que se ha instalado entre los Yanomami.
Un estudio realizado por la Universidad del Sur de Alabama de Estados Unidos revela que casi toda la minería ilegal (95%) tiene lugar en tres tierras indígenas: Kayapó, Munduruku y Yanomami que es las más afectadas por esta actividad ilegal.
Rica en yacimientos de oro y con una población de 26 mil yanomami y ye’kwana, distribuidos en 321 aldeas no es complicado entender que quien dispone de más recursos y fuerzas en la disputa sale ganando en este terreno. La minería ilegal es favorecida por los poderes económicos, las élites locales y el aumento del precio del oro en el mercado internacional; además tuvo también el apoyo del anterior gobierno que, durante su mandato, favoreció la aprobación en el Parlamento de un proyecto de ley, declarado inconstitucional, para regular y abrir las tierras indígenas a la minería.
El padre Bob Mulega, misionero de la Consolata ugandés de 34 años de edad y en Catrimani desde 2019, subraya que también los mineros son víctimas de un sistema de explotación de los pueblos y la naturaleza. “Los que trabajan en las minas ilegales son los más pobres que no tienen otra opción, porque sabemos que en las minas las condiciones de vida son terribles”.
La carretera de 10 km que se adentra en el territorio Yanomami hoy se ve como una herida abierta en el corazón de la selva. La deforestación, la contaminación sin precedentes y los grandes cráteres abiertos que desnudan la tierra en busca de fortuna, tienen consecuencias drásticas sobre la vida, la cultura, la espiritualidad y la salud física de los indígenas.
En una entrevista, el Padre Corrado Dalmonego IMC, que está realizando una investigación doctoral sobre los impactos de la minería en el territorio dijo: «los puestos de salud se quedaron sin medicamentos básicos como dipirona, paracetamol y medicamentos para el tratamiento de la malaria. El resultado fueron más de 500 niños que murieron de patologías curables».
La minería ilegal ha producido perjuicios no sólo en la salud de la población indígena por la transmisión de enfermedades y la negación de la atención debida sino que también ha perturbado la vida familiar enredando a muchas mujeres en asuntos de prostitución a cambio de beneficios. Los que se adentran en el bosque tienen muy a menudo actitudes depredatorias con respecto a las riquezas naturales; los beneficios fáciles siempre se obtienen a costa de la vida del bosque y de las personas que moran en él y están en armonía con él; así el garimpo pone en peligro lo más profundo del estilo de vida de los indígenas.
Para el padre Mulega, “la vida de la gente ha empeorado por el contacto con enfermedades que vienen de afuera y la falta de una atención sanitaria adecuada; por la extracción ilegal que destruye el medio ambiente en el que viven y también por la migración de los jóvenes indígenas que en las ciudades caer fácilmente victimas de la drogadicción y de la pobreza.
Empresarios y políticos deben rendir cuentas por la tragedia minera
Es importante recordar que quienes pagarán un alto precio por la extracción del oro, además de los pueblos originarios y la naturaleza, serán precisamente los pobres y marginados que son empleados como mano de obra barata en esa actividad ilícita: como dice el viejo refrán “la cuerda siempre se rompe por el lado más débil”.
Para Gilmara Fernandes, líder católica y miembro del Consejo Indígena Misionero de Roraima (Cimi), «los verdaderos responsables de la tragedia minera son otros: los que proporcionan logística, mantenimiento, alimentos, financiación; sin estas infraestructuras los mineros no pueden vivir en el territorio. Entonces son los empresarios y los políticos los que tienen que ser considerados responsables y ser enjuiciados. Los trabajadores de las minas no son sino la punta de un iceberg que va mucho más hondo; habrá que preocuparse por la vida de estos mineros cuando abandonan este trabajo».
Cuando en 1993 éstos fueron expulsados de las tierras indígenas, se convirtieron en agricultores, accedieron a la tierra, entraron en proyectos de reforma agraria. Hoy es todo más difícil: con la llegada de la soja el valor de la tierra ha aumentado considerablemente, «la mayor parte de la tierra de Roraima está concentrada en manos de políticos, empresarios, grandes productores de soja, y es imposible comprarla. Estos trabajadores ¿adónde irán?, ¿cómo mantendrán a sus familias? Si el gobierno no piensa en soluciones para esta mano de obra ilegal… terminarán yéndose a otras zonas de garimpo».
La vida de los Yanomami tras las cámaras
Los misioneros de la Iglesia católica que llevan más de 50 años viviendo con los Yanomami en la zona de Catrimani saben lo que las cámaras no pueden ver. Para el padre Mulega, los Yanomami son una sociedad estructurada a su manera, basada en sus creencias, su forma de concebir la vida y la creación. La forma y los horarios de comer, las normas para vivir bien en sociedad, el cuidado de la naturaleza, el lugar de las mujeres y los niños, el papel de los hombres… todo tiene una organización específica que se basa en valores y creencias que hay que respetar.
Mulega hace un llamamiento a la sociedad para que no vea a los indígenas y no los trate como pobres desgraciados, sino como un pueblo originario que comparte los mismos derechos y deberes, la misma dignidad, con las mismas necesidades. «Les pedimos que consideren a los indígenas como personas, no como una especie que hay que investigar y que vive encerrada en una reserva. A ellos hay que ofrecer políticas de salud pública y una educación basada en su lengua. Nunca olvidemos que la selva es vida y lugar sagrado para ellos».
En este contexto, parece fundamental la conversión de la mirada y del corazón para favorecer la aceptación de lo diferente y para un verdadero encuentro en resumidas palabras. De lo contrario una relación colonizadora, venga de donde venga, ya sea del gobierno, de los los dueños de las minas o incluso de las personas de buena voluntad que están al servicio de las comunidades indígenas no hará sino aumentar el daño y el genocidio y el etnocidio, que hoy contemplamos a plena luz del día, continuará.
* Rosinha Martins es periodista con un máster en comunicación. Fuente: https://blog.ssps.org.br/
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